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Senado desecha iniciativa antiminera

Imagen ilustrativa / Cortesía

Mundo Minero || 27 de marzo de 2019

En noviembre pasado, la Senadora Angélica García (†) presentó una iniciativa que buscaba modificar la Ley Minera para crear nuevos impuestos e imponer una serie de causas para cancelar concesiones; propuesta que golpeó profundamente al sector y que finalmente ha sido desechada.

El anuncio derivó en que las mineras Grupo México e Industrias Peñoles, por citar a las principales afectadas, perdieran en conjunto 32,000 millones de pesos de valor en el mercado en un plazo de tres días.

Entre los cambios propuestos figuraba facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pudiera realizar estudios de impacto social; facultar a la Secretaría de Economía para que pudiera declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, y en este marco cancelar concesiones; y obligar a los titulares de concesiones a destinar “un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación”.

Si bien la iniciativa fue congelada a los pocos días de su presentación, no dejaba de ser una amenaza latente para el sector, mas hoy las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos han desechado y archivado como concluida dicha propuesta.

La instancia referida declaró: "En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas".

De igual forma, las Comisiones Unidas señalan que la propuesta no establece procedimientos precisos para declarar zonas inviables o de conflicto por impacto social negativo, y añade que la NOM-120-SEMARNAT-2011 ya se encarga de los cuidados ambientales obligatorios, las mineras ya pagan impuestos adicionales destinados al Fondo Minero, y el SGM no cuenta con la capacidad técnica para realizar estudios de impacto social, entre otros puntos.

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