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Máximos voceros abogan por minería ante el TLCAN

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Mundo Minero || 4 de septiembre de 2018

En el marco de los tratados comerciales que se negocian entre los países de América del Norte, los Presidentes de la Asociación Minera de Canadá y la Asociación Minera Nacional (de Estados Unidos) llaman a considerar prioritario el sector minero y darle plena protección jurídica.

Los pronunciamientos de Pierre Gratton, CEO de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) y Hal Quinn, dirigente de la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos (NMA) están contenidos en cartas para Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, y Robert E. Lighthizer, Representante de Comercio de Estados Unidos, respectivamente.

Ambos líderes mineros coinciden en postular que el sector es un importante motor económico en sus países y comparten una seria preocupación ante la perspectiva de que a la industria minera le sea retirada la protección completa ISDS (arbitraje de diferencias inversionista-estado, en español) y que las inversiones en el campo de los metales y minerales pierdan solidez.

El caso no es para menos, Pierre Gratton asevera que la minería contribuye al 3.4% (o $57 mil millones) del Producto Interno Bruto de Canadá, y que dicho país concentra una serie de operaciones en el extranjero, como en el caso de México, donde cerca del 70% de las empresas mineras de capital extranjero son de origen canadiense.

“Es común que el capital inicial promedio de una mina supere $1 mil millones antes de que se produzca o procese algún mineral. En el caso de una interrupción de la producción de minerales más allá del control del minero, esa inversión se inmoviliza por estar situada en el país anfitrión”, ejemplifica Gratton en la misiva.

Por su parte Hal Quinn expone: “El marco existente del TLCAN protege a los inversionistas de Estados Unidos al extender varias de las protecciones a la propiedad privada que se encuentran en la Constitución de Estados Unidos, incluyendo debidos procesos, no-discriminación, trato justo por el gobierno y compensación por la confiscación de propiedad”.

En ambos comunicados se enfatiza la convicción de que el sector minero no debe ser puesto al margen si se busca robustecer el crecimiento económico de manera regional.

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